La marchista mexicana Guadalupe “Lupita” González, que vio ratificada por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) la sanción de cuatro años por dopaje que le impuso la Federación Internacional de Atletismo, se enfrenta a una nueva investigación, tras ser acusada por la Unidad de Integridad del Atletismo (AIU) de presentar “pruebas falsas” durante el proceso. Una sanción, que comienza a contar desde el 16 de noviembre de 2018, a la que se podría añadir una nueva si se confirman las acusaciones de la AIU por presentar “pruebas falsas” durante el proceso. La medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 en la prueba de 20 kilómetros marcha, dio positivo por Trembolone, un esteroide anabolizante incluido en la lista de sustancias prohibidas, en un control antidopaje fuera de competición realizado el 17 de octubre de 2018.
La marchista mexicana, plata en los Mundiales de Londres 2017, se defendió aduciendo que la sustancia prohibida había llegado a su cuerpo como consecuencia del consumo de “carne contaminada” en los días previos a la realización del control antidopaje. Un argumento que no convenció al Tribunal Disciplinario de la Federación Internacional de Atletismo, que el 9 de mayo de 2019 impuso a la marchista una sanción de cuatro años por dopaje, así como la anulación de todos sus resultados deportivos posteriores al 17 de octubre de 2018. Guadalupe García recurrió la sentencia ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, que el pasado 2 de julio, como se hizo público este martes, desestimó la apelación y confirmó la sanción de 4 años. La sanción impedirá a la marchista mexicana participar en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio, aunque Guadalupe García seguirá contando con las dos medallas de plata que logró en Río 2016 y los Mundiales de Londres 2017, ya que, como recoge la sentencia, solo serán invalidados sus resultados logrados a partir del 17 de octubre de 2018.
